Inicio » De la Presidencia Ejecutiva — Julio 3, 2013

La crisis de la salud en Colombia

L Ley 100 de 1993 dio vida al Sistema General de Seguridad Social ante la necesidad de ampliar la cobertura, responder a la crisis hospitalaria y a la gran insatisfacción de los usuarios y de los profesionales de la salud. El cometido era mejorar el acceso y la calidad y desarrollar un sistema equitativo y descentralizado. Veinte años después podemos afirmar que a pesar de los grandes retos, entre todos los actores logramos inmensos avances reflejados en las siguientes cifras entre 1993 y 2011, en su mayoría contenidas en la exposición de motivos del proyecto de Ley 210:

  El aumento logrado en la cobertura no solamente mejoró el acceso de la gente a los servicios y aportó un gran avance en la calidad de la medicina colombiana, sino que generó una clara protección financiera al reducir progresivamente tanto el gasto de bolsillo en salud por parte de las familias como la proporción del gasto catastrófico al mejorar el estado de salud de la población. El gasto de bolsillo pasó de representar el 44% del gasto total en salud en 1993 a tan solo 14% en 2011. Estos efectos se profundizan aún más con la ampliación y unificación del plan de beneficios y de la UPC (Unidad por Capitación) entre los regímenes contributivo y subsidiado.

En conclusión podemos afirmar que la reforma de 1993 ha sido una de las más radicales y progresistas que se hayan implementado en los sistemas de salud del mundo y que la mayor parte de sus objetivos se lograron durante los pasados veinte años, con una mejora sustancial en las condiciones de salud y una importante contribución a la disminución de la pobreza en Colombia.
Coomeva, entidad fundada hace 49 años por un grupo de médicos que buscaban mejorar las condiciones de seguridad y previsión social, generar desarrollo social y oportunidades de trabajo, fiel a sus orígenes, en 1973 creó el Servicio de Cuidados de Salud que se constituyó innovadoramente en la primera empresa de Medicina Prepagada del país, la cual rápidamente se posicionó en el primer lugar del mercado. Veinte años después, al surgir la Ley 100 en 1993, Coomeva celebró el cambio y creyó en las condiciones establecidas por el Gobierno y la Ley para el funcionamiento del Sistema, razón por la cual adoptó la decisión de participar y crear una Empresa Promotora de Salud (EPS). En ese momento estuvimos seguros de que todo ello nos permitiría aportar elementos valiosos al nuevo Sistema, contribuyendo al mejoramiento de las condiciones de salud y de vida de los colombianos, al tiempo que generábamos empleo y oportunidades de desarrollo empresarial y social en las diferentes regiones.
Bajo esas premisas asumimos un compromiso pleno con el país, logrando durante estos veinte años importantes contribuciones en términos de indicadores y de resultados en salud, algunos de los cuales se ubican entre los mejores del país. Podemos afirmar que hemos gestionado con honestidad y transparencia los recursos, cumpliendo a cabalidad todas las normas; hemos invertido y capitalizado la empresa con recursos propios cada vez que ello ha sido necesario; impulsamos un modelo de operación, de gestión y de prestación de servicios basado en el fomento y el desarrollo empresarial de los profesionales, en especial los de la salud, con una baja integración vertical; y hemos contribuido también a la generación de miles de empleos directos e indirectos.
Sin embargo a pesar de nuestra convicción, varias de las premisas planteadas como base fundamental del éxito del Sistema no se cumplieron y aparecieron nuevas circunstancias que cambiaron paulatinamente y de manera radical el panorama: No se lograron las cifras de crecimiento macroeconómico ni los indicadores de empleo y el Estado no cumplió sus compromisos de cofinanciación para la universalización de la cobertura; se profundizó la transición epidemiológica y aumentó la carga de la enfermedad; unido al envejecimiento de la población, el aumento en la intensidad de uso de los servicios, el ingreso permanente al Plan de Beneficios de nuevos servicios y tecnologías cada vez más costosas que han generado inequidad (el 66% de los recursos se gasta en el 9% de los pacientes), el abuso de la tutela que nos llevó a un plan de beneficios casi ilimitado y el privilegio de los modelos de atención en salud curativos por encima de modelos preventivos. Todo ello originado principalmente por la falta de oportunidad en la toma de correctivos por parte del Estado, llevando al Sistema a la actual crisis.
Ante la falta de respuesta del Estado, el poder judicial decidió que mientras tanto las EPS debían contratar, prestar y pagar los servicios que no eran de su responsabilidad y recobrarlos al mismo Estado que definió unas reglas en su forma de pago y condiciones de precio (medicamentos sin control de precios), ocasionándose así el desborde de los recobros. Durante años el Gobierno no adoptó soluciones definitivas a pesar de las múltiples advertencias expresadas por las EPS, siendo los recobros la principal causa de la crisis, porque obligó a las EPS a gastar los recursos destinados a prestar y pagar los servicios que sí eran de su responsabilidad (POS), en el pago de servicios de los que no era responsable (No POS). El gran crecimiento de los servicios No POS y de su costo, unido a las trabas y a la gran demora para su pago por parte del Gobierno, ha dejado a las EPS sin los márgenes necesarios y con una grave situación de liquidez, obligándolas a capitalizar y a buscar recursos para financiar al Estado, afectando finalmente su solvencia, la de los prestadores de servicios y la de las entidades y proveedores de la cadena de valor, lo cual ha puesto hoy al Sistema al borde del colapso.
El Sistema se sobrecargó pues de normas y procesos costosos, inoperantes, poco técnicos y redundantes. El Estado en sus diferentes niveles no tuvo la capacidad para regular y controlar a los actores, tema que en gran medida quedó en manos del poder judicial, con lo cual algunos de los actores se desviaron de su rol, generando ineficiencia y sobrecostos, así como ineficacia con problemas de calidad y de equidad y lo que es peor, escándalos que han puesto de manifiesto temas de politización y corrupción. Lo anterior ha llevado a una pérdida de confianza entre todos los actores, a una pérdida de credibilidad en el Sistema y a una necesidad de reformas que brinden solución a los problemas.

1 Comentario

Deje un comentario

requerido *

requerido *

*